El Gobierno apelará el fallo sobre la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno apelará la resolución judicial que le dio un plazo de cinco días para cumplir de manera total con la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La decisión apunta contra la intimación que dictó el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. El magistrado sostuvo que «no existe cumplimiento total» de la cautelar y advirtió que podrá aplicar multas por cada día de demora si el Ejecutivo no cumple dentro del plazo establecido.
En el Gobierno todavía analizan si pedirán que la apelación tenga efecto suspensivo, lo que abriría una discusión específica sobre si la intimación continúa produciendo efectos mientras interviene la Cámara. «Estamos estudiando el tema», explican en despachos oficiales. La decisión sobre ese punto todavía no está tomada.
La posición de fondo de la Casa Rosada es distinta a la del juez. Funcionarios que siguen el expediente sostienen que el Ejecutivo ya dio cumplimiento a la medida cautelar y que así lo informó y acreditó ante la Justicia. Ese argumento será uno de los ejes de la presentación contra la nueva resolución.
Sin embargo, la apelación no reabre la discusión sobre la cautelar original, que ya quedó firme. Cormick la dictó en diciembre de 2025 y ordenó aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y con la actualización de los programas de becas estudiantiles.
La medida fue confirmada posteriormente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El Gobierno llevó luego el planteo a la Corte Suprema, que el 25 de junio rechazó el recurso extraordinario porque no estaba dirigido contra una sentencia definitiva. De esa manera, la cautelar quedó firme mientras continúa pendiente la resolución sobre el fondo de la causa.
La estrategia oficial es que un acuerdo presupuestario permita también modificar el escenario judicial. El Ejecutivo busca consensuar mayores recursos y presentar ese entendimiento dentro del expediente como una nueva circunstancia.
Finalmente, las universidades y los gremios mantienen las medidas de fuerza y ratificaron la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. El próximo movimiento inmediato será la apelación contra la intimación de Cormick: el Gobierno llevará el planteo a la Cámara, mientras define si también solicitará suspender sus efectos durante la revisión.