Potenciar Trabajo: Justicia Federal condenó al Gobierno nacional
Este fallo fue logrado por el abogado, Juan Manuel Cubilla Podestá. Fue la primera condena contra la gestión liberataria en todo el país.
La Justicia Federal de Corrientes obligó al Gobierno nacional a compensar a trabajadores locales que se vieron perjudicados por decisiones del presidente, Javier Milei, y la ministro de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes «mintieron» al acusarlos de recibir el Potenciar Trabajo de forma indebida. Esto fue dado a conocer hoy, martes 29.
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dictó un fallo unánime, donde los jueces Mirtha Sotelo, Selva Spessot y Luis González, condenaron a Milei y Pettovello por dar de baja ilegalmente a más de 500 trabajadores del programa Potenciar Trabajo.
Como resultado, el Estado deberá pagar a estos correntinos cuatro meses de beneficios del programa, más intereses, desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024, que son los meses de mayor inflación bajo el actual gobierno.
Este fallo, que revoca una decisión anterior del juez Juan Carlos Vallejos, responde a reclamos de ocho familias, pero el abogado, Cubilla Podestá, tiene otras diez demandas pendientes que representan a cerca de 100 correntinos.
Cubilla Podestá afirmó que están luchando por la justicia de quienes fueron despojados de sus derechos por las medidas ilegales de Milei y Pettovello. Este fallo es considerado histórico, ya que es la primera condena real contra un gobierno que provocaron dificultades económicas para la población.
El letrado también destacó que los jueces confirmaron que Milei y Pettovello «mintieron» al decir que los afectados eran empleados públicos. En realidad, «estos 500 correntinos son trabajadores informales de distintos rubros», como construcción, carpintería, costura y limpieza, quienes habían recibido el Potenciar Trabajo entre 2022 y 2023. Anteriormente, el Gobierno ya había tenido que continuar el pago de este beneficio desde abril de 2024.
Cubilla Podestá celebró que esta condena reconozca la deuda social con intereses y subrayó la «falta de sensibilidad del gobierno hacia la dignidad humana», considerándolo una «gran victoria para los derechos humanos en Argentina».