El titular del Instituto del Nativo Chaqueño (anteriormente Idach), Miguel Iya Gómez, y el abogado Julio García, quien representa causas de las comunidades indígenas y es especialista en derechos humanos, acudieron días pasados a una audiencia en el juzgado encargado del contralor del cumplimento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Dado que se están registrando incumplimientos muy graves a lo que dicta esa sentencia por parte de los gobiernos nacional y provincial, y esto perjudica a los aborígenes de la zona de El Impenetrable.

En contacto con NORTE, García detalló que «desde hace dos meses hay reclamos intensos de las comunidades indígenas de esa alejada región, porque no están recibiendo la asistencia ordenada por el histórico fallo de la Corte, fruto de un proceso cuyo comienzo se remonta a 2007 cuando se inició la causa. A raíz de esta sentencia, la Nación y la Provincia deben asumir asistencia alimentaria y de agua, mejora de las comunicaciones y los caminos y otras tareas. Se ha avanzado en estos años, pero aún resta terminar infraestructura, por ejemplo. Y el problema puntual y urgente ahora es lo alimentario», señaló el profesional.

García explicó que «la Corte derivó en dos juzgados el monitoreo del cumplimiento de la sentencia. En la parte que le compete al gobierno provincial, el encargado del contralor es el titular del Juzgado Civil y Comercial 8, el doctor Jorge Sinkovich. En lo que corresponde al gobierno nacional, ha recaído esa tarea en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo de Sáenz Peña. Estamos pendientes porque los convenios que han presentado tanto la Nación como la Provincia son muy genéricos. La realidad es que hoy por hoy no se cumple la sentencia, y no hay razonabilidad ni justificación alguna para que ello suceda».

«El objetivo es que se retome esta ayuda imprescindible con el volumen y la continuidad que debe tener para ser realmente efectiva. La semana próxima hemos acordado una reunión con el juez federal de Sáenz Peña a fin de determinar cómo se activarán los operativos correspondientes y también las responsabilidades de los funcionarios», subrayó.

LA REALIDAD DE LAS COMUNIDADES

García detalló que «si bien es cierto que desde 2007 a la fecha la situación ha mejorado, faltan cosas por hacer. Además, en este marco económico, los montos de los beneficios que reciben estos ciudadanos, como pensiones, asignaciones y otras, no alcanza para cubrir el costo de vida, dado que las políticas puestas en marcha desde diciembre pasado han elevado los precios de todos los productos y servicios y los ingresos continúan planchados, lo que hace imposible cubrir todo. Por eso es claro que hay una demanda alimentaria grave, porque ya podemos hablar de hambruna en muchos lugares de la zona».

«La estimación es que afecta a 5000 personas de la etnia qom en los departamentos Güemes y Brown. Es la región a la que hace referencia específicamente el fallo de la CSJN. Sin embargo, sabemos por relevamientos que más al norte, hacia la zona de Comandancia Frías, Sauzal, Sauzalito, integrantes de la etnia wichí están atravesando la misma coyuntura desesperante. Hace tiempo presentamos una solicitud de ampliación de la medida cautelar para incluir esta región en la aplicación de la sentencia, pero aún no obtuvimos respuestas. Creo que debemos avanzar en ese trámite», indicó.