SÁENZ PEÑA (Agencia). El procurador general del Chaco, Jorge Canteros, brindó detalles sobre la reciente decisión del Superior Tribunal de Justicia de declarar constitucional la ley que establece el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Esta ley, que regula el cambio de usos de suelos, ha sido un tema de gran discusión en la provincia.

Al respecto Canteros explicó en diálogo con el programa Agroperfiles Radio aspectos de los pasos dados en el marco de la Justicia. Señaló que la decisión del Superior Tribunal de Justicia se basó en un informe exhaustivo presentado por la Procuración General, el cual fue crucial para el fallo.

Sobre la determinación que tomaron, el procurador afirmó que «es cierto que nos tomamos un tiempo para resolver esta cuestión, pero creo que de verdad hay coincidencia en muchos aspectos entre mi dictamen y el fallo por mayoría del Superior Tribunal, hay una sola disidencia que es la jueza Grillo».

Los elementos para decidir

Entre los elementos cruciales para la determinación, el Procurador General nombró a la realización de audiencias públicas y el informe del organismo nacional encargado de la temática. Sobre la consulta a las poblaciones, Canteros destacó que el Poder Ejecutivo impulsó un proceso participativo, citando decretos en su dictamen que acreditan este proceso.

Mencionó la participación de organizaciones intermedias y la realización de audiencias públicas, las cuales no fueron «meros actos formales» y tuvieron repercusión. Además, se convocó a los «amigos del tribunal» (amicus curiae) y se analizaron sus opiniones.

Por otra parte, remarcó la relevancia del informe de la Autoridad Nacional de Aplicación (ANA), incorporado en mayo de 2025, que sostuvo, tuvo «fuerza probatoria de un informe pericial», ya que la ANA concluyó que la ley cumplía con los estándares mínimos y no lesionaba intereses legítimos ni derechos subjetivos.

Respuesta a dos acciones

El fallo del Superior Tribunal de Justicia abordó dos acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la ley 4105-R. Una de ellas fue interpuesta por la ONG Conciencia Solidaria, con el patrocinio letrado de Nora Beatriz Jiménez, una abogada ecologista con amplia trayectoria en la Justicia, y la otra acción presentada por comunidades originarias de la provincia, con el patrocinio de Gisela Gauna Wirz, defensora general adjunta.

Finalmente, Jorge Canteros resaltó la «enorme coincidencia» con el Superior Tribunal de Justicia en la exhortación al Poder Ejecutivo para que, a través de sus organismos de control, cumpla con la preservación del medio ambiente y, fundamentalmente, con la reforestación.

«Si cumplimos con la reforestación, si por cada quebracho, por cada árbol de madera dura que se tumba, se reforesta en las cantidades apropiadas, yo no advierto la regresividad que invocan los accionantes para propiciar la inconstitucionalidad de esta ley», afirmó.

Canteros concluyó que la ley no se hizo caprichosamente, sino que se cumplieron todos los pasos necesarios, ya que incluyó audiencias públicas, consulta previa a las comunidades y el informe del organismo pertinente.