Tito López, su esposa e hijos ante el Tribunal Oral Federal
El matrimonio piquetero y sus dos hijos se halla con prisión preventiva. Su participación será de manera remota con el Juzgado Federal.
Mañana, 9 de septiembre, a las 10, se dará inicio a la audiencia preliminar en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, en el marco de una de las causas más resonantes de los últimos años: el expediente 11335/2019, que involucra al dirigente piquetero Ramón Alberto «Tito» López y varios miembros de su familia por presunta asociación ilícita, lavado de activos y defraudación contra la administración pública.
La investigación, que se remonta a declaraciones públicas del propio López -quien afirmó tener «326 terneros valuados en $300.000 cada uno» y haber adquirido «un campo por 200.000 dólares», con un capital declarado de «$1600 millones»- encendió las alarmas judiciales y derivó en una instrucción que reveló un entramado de fundaciones fantasma y desvío de fondos estatales, principalmente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep).
Además de López, están imputados su esposa Librada Beatriz Romero y sus hijos David, Daniel y Walter López, todos actualmente detenidos en distintas unidades penitenciarias federales.
La única procesada sin prisión preventiva es Dévora Acosta, nuera de López, quien permanece en libertad por tener a su cargo una hija menor de edad. Los acusados serán representados por los abogados Ismael Omar Zapata, Ricardo Ariel Osuna y Gabriela Tomljenovic. La resolución judicial, firmada por el juez Juan Manuel Iglesias, establece que tanto el Ministerio Público Fiscal como la Unidad de Información Financiera (UIF) y las defensas deberán presentarse en un plazo de diez días para revisar las actuaciones, ofrecer pruebas y plantear recusaciones.
El TOF de Resistencia está integrado por los magistrados Enrique Jorge Bosch, Fabián Gustavo Cardozo y Juan Manuel Iglesias. La causa fue elevada desde el Juzgado Federal 2, tras una instrucción que incluyó más de noventa páginas de pruebas, según reveló el fiscal Patricio Nicolás Sabadini.
La audiencia preliminar marcará el primer paso hacia el juicio oral, en el que se buscará esclarecer el presunto uso de estructuras familiares para canalizar fondos públicos mediante organizaciones ficticias.
