Ante la insistencia del gobierno para avanzar en el proyecto de ley titulado de “inviolabilidad de la propiedad privada” y que sus críticos denominan de “extranjerización de la tierra”, la jerarquía de la Iglesia Católica volvió a expresar su “profunda preocupación” porque, dicen los obispos, “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos a autodeterminarse”. La posición de los obispos -que ahora se reitera- ya había sido explicitada en una carta abierta a los legisladores el pasado 16 de junio. Frente al anuncio del inminente tratamiento del proyecto de ley, los obispos católicos hicieron un nuevo llamado a los legisladores que participen del debate para pedirles que “sus decisiones estén guiadas por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, antes que por intereses particulares”.

En el documento de junio, que lleva las firmas de Caritas, Pastoral Social y ENDEPA (Pastoral Aborigen), los obispos ya habían señalado que “nuestra preocupación se fundamenta en que este proyecto, entre otras cosas, deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros -personas físicas o empresas- y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes”.

El principal impulsor de la reforma es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien incluso defendió personalmente la iniciativa ante los senadores en el tratamiento en comisiones. Hasta las mismas comisiones parlamentarias también llegaron personalmente varios obispos. El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, se presentó el 8 de abril ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado para exponer los argumentos de la Iglesia y compartió allí un panel con el propio Sturzenegger. Entre otras críticas el arzobispo platense puso especial énfasis en el “efecto regresivo” que la eventual aplicación de la norma modificada podría producir afectando la regularización dominial avanzada mediante el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Socio Urbana (RENABAP).

El 24 de junio Juan Ignacio Liébana, obispo de la diócesis de Chascomús, se presentó ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado para decir que el proyecto de ley “atenta contra la soberanía de nuestra tierra” y favorece de forma desmedida la extranjerización y concentración de los recursos naturales. Poco después Eduardo García (Obispo de San Justo) y Jorge Torres Carbonell (Obispo de Gregorio de Laferrere) se manifestaron públicamente en el mismo sentido y todos ellos fueron respaldados por el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo mendocino Marcelo Colombo.

La resistencia a la reforma de la ley no solo proviene de la iglesia, sino que -a pesar de la insistencia del oficialismo- tampoco encontró eco suficiente en gobernadores, bloques parlamentarios y varios de los senadores. En el intento de sumar votos La Libertad Avanza aceptó modificaciones que -aún sin lograr consenso- redundaron en quince versiones distintas del dictamen hasta llegar al texto que debe bajar al recinto.

La semana pasada Sturzenegger acordó con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, que el proyecto de ley se presente para recibir la media sanción en una sesión de la cámara alta prevista para el próximo 6 de agosto. Para Bullrich el proyecto de ley intenta “frenar las usurpaciones, que son permanentes tanto en territorios agrícolas como en territorios urbanos” y recuperar “la seguridad jurídica permitiendo que el valor de la tierra sea razonable como en cualquier parte del mundo”. Y argumentó que “la compra de tierras no puede tener limitaciones, porque la limitación es algo que no está dentro del sentido de lo que la Argentina plantea como concepto de propiedad”. Agregó que “uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que posee. Tampoco en la cantidad de hectáreas. No tiene limitaciones porque es un concepto de propiedad; no de soberanía”.

Ante la inminencia del debate parlamentario los obispos volvieron a insistir en su posición, recordando a los legisladores que “la tierra no es una mercancía” y respaldando su reclamo en palabras del papa Francisco en su encíclica Laudato Si en la que señaló que “la tierra es nuestra hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija” y, en consecuencia, “cuidar la tierra es cuidar la vida”. Agregan además que “el debate no es solo económico, sino también humano” y, usando palabras de León XIV en su reciente encíclica Magnifica Humanitas, recuerdan que “el desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes”.