Según el ministro de Gobierno, Julio Ferro, la medida respeta derechos básicos: la antigüedad, la reserva del puesto y del cargo, tal como marca la normativa nacional. «No hay que pagar a quien no trabaja», dijo al defender la iniciativa y la definió como razonable. Con este cambio, el Estado dejaría de cubrir sueldos completos de agentes con licencia y evitaría un doble gasto: pagar salarios sin prestación y, además, cubrir esos lugares con suplencias o subrogancias, especialmente en educación.

El cálculo oficial habla de un ahorro estimado de 200 millones de pesos por mes: unos 100 millones en el sistema educativo y otros 100 millones en la administración central. «Todos los chaqueños estamos pagando sueldos a personas que hoy no desempeñan tareas en la administración pública. Vamos a garantizar todos los derechos laborales, pero el Estado no debe sostener económicamente a quien no está en funciones», insistió Ferro.

La presentación en la Legislatura estuvo acompañada por el jefe del interbloque Chaco Puede, Iván Gyoker; el vicepresidente de la Cámara, Carlos Salom; y el diputado Adrián Zukiewicz. Desde el ámbito legislativo adelantaron que buscarán un tratamiento ágil y con acuerdos. Gyoker afirmó que, mientras dure la licencia, el pago del salario de los representantes sindicales debería ser asumido por las propias organizaciones a las que pertenecen. Salom consideró que la iniciativa corrige inequidades y promueve una administración más responsable de los recursos públicos, algo que —dijo— la sociedad reclama con fuerza en un contexto económico ajustado.

El proyecto ya ingresó a comisiones y se espera que integre la agenda de debate en las próximas semanas. El oficialismo confía en sumar consensos y acelerar la discusión, con el foco puesto en ordenar el gasto sin afectar la representación sindical en el Estado.