Raúl Abraham, secretario general de UTA-Chaco, explicó que el cuarto día hábil —el plazo habitual de pago— venció sin que los salarios estuvieran depositados. Según la versión de las empresas, no ingresaron los subsidios provinciales y por eso se demoró la liquidación. «Estamos en sesión permanente con los muchachos. Anoche querían parar ya. Acordamos esperar a la mañana, pero sin la plata el paro comenzó«, sostuvo.

Abraham evitó hablar de una medida por tiempo indeterminado, pero fue claro: si aparecen los fondos, el servicio se restablecerá . Mientras tanto, la incertidumbre es total. «Los choferes están desgastados. La plata no alcanza al día 20 y el cuarto día hábil quieren cobrar. Es razonable«, resumió, al tiempo que pidió comprensión por el contexto nacional: recorte de subsidios y demoras administrativas que golpean a un sistema ya frágil.

El impacto social es inmediato. En el área metropolitana, miles de pasajeros —trabajadores, jubilados— dependen del colectivo para moverse. Muchos no tienen cómo pagar un viaje por aplicaciones de movilidad; otros directamente no cuentan con alternativas. La suspensión del servicio los deja varados, complica la vuelta a casa y pone en riesgo presentismos y changas.

En paralelo, el conflicto empresarial se recalienta. Abraham confirmó que hay suspensiones en TCM y ERSA, amparadas por artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. Desde el gremio consideran que las medidas son excesivas y ya respondieron con rechazos formales y presentaciones ante la Dirección Provincial del Trabajo. «Buscamos una reunión con los empresarios para levantar las suspensiones y sostener los puestos hasta marzo, cuando la actividad suele reactivarse», adelantó.

El aummento del precio del boleto suma presión

Con la inminente actualización, el costo se aleja del bolsillo popular. El 12 de enero el valor del pasaje se elevará a 1.885 pesos. «La gente no puede pagar 1.300, menos aún un valor mayor. El usuario del colectivo es trabajador, desocupado, humilde; no tiene resto», planteó Abraham.

Para evitar una fuga de pasajeros hacia la moto —con el consecuente aumento de siniestros viales y presión sobre el sistema de salud—, el sindicato reclama que el Gobierno provincial asuma una mayor porción de subsidios y fije una tarifa accesible, como hacen otras jurisdicciones.

El gremio insiste en un punto: cualquier salida debe cuidar a los que menos tienen. Un boleto social y un esquema de transferencias que estabilice a las empresas podrían frenar la sangría y recuperar demanda. De lo contrario, el sistema seguirá perdiendo frecuencias, calidad y, finalmente, credibilidad.

Por ahora, la llave está en los fondos. Si hoy o mañana se acreditan los montos comprometidos, UTA promete liberar los servicios y normalizar paulatinamente. Si no hay respuestas, el paro continuará.