La Cámara de Diputados del Chaco aprobó esta semana un proyecto de ley que transfiere definitivamente a la Municipalidad de Resistencia el terreno donde funciona el Mercado Central, ubicado en el barrio Villa Seitor. La decisión, respaldada por la mayoría de los diputados presentes, generó una fuerte reacción por parte de la Cooperativa Frutihortícola del Nordeste, que desde hace más de 40 años gestiona el predio mediante un comodato.

El proyecto, presentado por la diputada Zulema Wannesson, contempla que el municipio desarrolle un plan de mejoras en infraestructura, tránsito y condiciones sanitarias del mercado. «Hay que aggiornarse a los nuevos tiempos», dijo la legisladora. Sin embargo, desde la cooperativa, su presidente Américo Barúa denunció que no fueron consultados ni respondieron a los pedidos de audiencia y acusó a las autoridades de actuar «entre gallos y medianoche».

«No es un atentado contra el trabajo», afirmó Wannesson

Wannesson explicó que el traspaso fue tratado en comisiones y aprobado con despacho favorable. «Se quiere implementar una política pública para que el municipio controle y haga las mejoras necesarias que necesita el mercado», afirmó.

Según la legisladora, la ley no impide que la cooperativa continúe operando en el predio, pero establece que el dominio del terreno será de la Municipalidad, que tendrá cinco años para implementar un plan de mejoras. Si no se cumple, la propiedad volvería a la provincia.

La diputada rechazó que el proyecto implique un desplazamiento de la cooperativa: «Nadie dice que la cooperativa no va a seguir operando. Al contrario, esto es un ordenamiento que la ciudad necesita. Hay que aggiornarse a los nuevos tiempos».

Asimismo, aclaró que el comodato vigente no otorga derechos de propiedad a la cooperativa. «Desde el punto de vista registral, la cooperativa tiene un comodato, es decir, un préstamo de uso. La provincia puede transferir la propiedad con un fin específico», sostuvo.

Barúa: «Nos enteramos cuando ya estaba aprobado»

La versión de la cooperativa dista completamente, cuya reacción fue inmediata y crítica. Américo Barúa, presidente de la entidad, denunció que se enteró de la votación el mismo día. «Me llaman urgente para ir a la Cámara de Diputados y cuando llego ya se había aprobado. ¿Cómo van a hacer esto sin consultar con nosotros?», cuestionó.

Barúa recordó que el año pasado habían trabajado junto al diputado Francisco Romero Castelán en un proyecto alternativo para transferir el terreno a la propia cooperativa. «Tenemos un comodato por tiempo indefinido y el 99% de las inversiones en el mercado las hicimos nosotros», explicó.

Además, lamentó que ni el gobernador Leandro Zdero ni el intendente Roy Nikisch hayan respondido los pedidos de audiencia. «No queremos que pasen a manos de la Municipalidad el manejo de la cooperativa ni del mercado. Eso no lo vamos a permitir», aseguró.

La inversión y el modelo de gestión en disputa

En un comunicado difundido este viernes, la Cooperativa Frutihortícola recordó que operan en el predio desde hace más de 40 años, a partir de un decreto del entonces gobernador Florencio Tenev. Aseguran que han construido con capital propio ocho naves con más de 100 puestos de venta, 27 depósitos, 30 cámaras de frío y diversas obras de infraestructura, además de mantener operativos los controles sanitarios con apoyo de la Municipalidad, Senasa e ingenieros agrónomos.

También refutaron las críticas sobre falta de control sanitario. «Hace más de 20 años funciona un departamento de Bromatología de la propia Municipalidad con 12 empleados que trabajan las 24 horas», explicaron. Además, señalaron que cuentan con un ingeniero del SENASA y realizan controles periódicos con muestras de productos.

«Tampoco usamos servicios municipales. La recolección de residuos la hacemos con convenios propios y tenemos maquinaria y personal a cargo», añadieron.

Para la entidad, el traspaso representa «un daño enorme a cientos de familias», y reclamaron que se respete su rol como actores fundamentales de la economía regional.

¿Qué dice la ley?

El proyecto aprobado contempla que la Municipalidad de Resistencia tendrá cinco años para presentar un plan de mejoras edilicias, de tránsito y salubridad en el predio. Si no se cumple, se prevé la posibilidad de una «retrocesión» de la titularidad a la provincia.

Desde el oficialismo aseguran que no se trata de una medida contra la cooperativa, sino de una estrategia para ordenar y mejorar el funcionamiento del Mercado Central. Desde la cooperativa, en cambio, temen que esta cesión sea el primer paso para quitarles el control del lugar.