El pasado lunes 25 de noviembre, Día de la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer, se realizó en Resistencia una nueva movilización con críticas y reclamos.

Uno de los aportes de las manifestantes fue el registro en la cantidad de femicidios: de enero a octubre sostienen que se cometieron 195 en el país, de los cuales siete son del Chaco.

También indicaron que en la Argentina asesinan a una mujer, lesbiana, una persona travesti y trans cada 37 horas y según el Registro Nacional de la Justicia Argentina el incremento interanual fue de 10,6%.

«Aumentan las violencias y el ajuste; en unidad, mujeres y disidencias no abandonamos las calles y seguimos movilizadas contra la violencia patriarcal que continúa arrebatando vidas», sostuvieron.

Frente a Casa de Gobierno se leyó un documento mayoritariamente dirigido al gobierno nacional, por la eliminación del Ministerio de las Mujeres y del Instituto contra la Discriminación (Inadi) entre los señalamientos institucionales por los que reclamaron justicia «para defender la vida y la libertad de vivir sin miedo, en igualdad y justicia social».

«Se niega el terrorismo de Estado, la crisis ambiental, la brecha salarial de género y la necesidad de la Educación Sexual Integral (ESI)», insistieron en otro párrafo.

Por lo que apelaron a la sociedad a no caer en la indiferencia: «Estamos en un contexto donde la violencia y la deshumanización se radicalizan».

Entre las críticas locales se ubicó el veto del Ejecutivo al plan provincial de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia) y la falta de políticas públicas de género.

Situaciones preocupantes 

El Comité de Prevención de la Tortura del Chaco monitoreó las manifestaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, como parte de las expresiones sociales y protestas en la provincia. En una comunicación el organismo señaló que el lunes, en Resistencia, organizaciones feministas y sociales impulsaron acciones de concienciación.

«Nuestro equipo acompañó la marcha, dialogó con autoridades a cargo del operativo y relevó situaciones preocupantes. A pesar de acuerdos previos entre organizadoras y la Subsecretaría de Seguridad para el uso de media calzada, jefes policiales dispusieron medidas que obligaron a desplazarse por la vereda».

«Observamos un despliegue desproporcionado de agentes, algunos con indumentaria especial. Otros de civil, que carecían de identificación obligatoria. Seguimos atentos a estas acciones para garantizar el respeto de derechos humanos en movilizaciones», señalaron.