“La nueva ley establece una base de reglas y condiciones que es un piso de derecho para los inquilinos e inquilinas”

La nueva Ley de Alquileres que comenzó a regir ayer, establece que los contratos deberán ser de tres años de duración y las actualizaciones de los valores se realizarán en un plazo mínimo de seis meses, en base al denominado Coeficiente Casa Propia. También prohíbe que los alquileres sean estipulados en dólares.

La nueva Ley de Alquileres comenzó a regir este miércoles, con lo cual los contratos deberán ser de tres años de duración, y las actualizaciones de los valores se realizarán en un plazo mínimo de seis meses, en base al denominado Coeficiente Casa Propia.

El referente de la Federación de Inquilinos, Federico Prior aseguró que su entender este proyecto que fue sancionado en el Congreso, después un arduo debate- “establece una base de reglas y de condiciones que a nuestro entender es un piso de derecho para los inquilinos e inquilinas”.

En declaraciones a Chaco TV, Federico Prior explicó que esta nueva Ley de Alquileres establece que  los contratos deberán ser de tres años de duración, y las actualizaciones de los valores se realizarán en un plazo mínimo de seis meses, en base al denominado Coeficiente Casa Propia, utilizados desde hace dos años para los créditos enmarcados en el programa Procrear.

En base a lo dispuesto en la nueva ley, los contratos de alquiler seguirán teniendo una duración de tres años, deberán ser estipulados «en valor único en moneda nacional» y se podrán realizar «ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses».

Otros puntos a destacar segun explicó Prior es que el  proyecto  que fue aprobado y promulgado, establece un plazo de contrato de alquiler de tres años, aumentos semestrales basados en el índice de Casa Propia, prohibición de alquileres en dólares y la limitación de pedir alquileres por adelantado.  Estas modificaciones se suman a las ya existentes en una ley anterior vigente desde el 2020.

“Aunque no se discutió una ley integral de acceso a la vivienda por alquiler, estas medidas brindan mayor estabilidad y regulación dentro del contrato de alquiler, abordando problemas como la falta de criterios y topes en los precios”, dijo el referente de la Federación de Inquilinos.  Además, la ley obliga al registro del contrato en la AFIP, algo que solo el 10% de los contratos ha cumplido hasta ahora.

Prior dijo que ahora es fundamental avanzar con la implementación de esta ley y se espera que el  Ejecutivo Nacional haga cumplir la normativa. Desde la entidad que nuclea a los inquilinos ya enviaron  una carta al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación para promover el cumplimiento de la ley.

“Es esencial que se establezcan sanciones y se difundan estos derechos, ya que en la práctica se suelen evadir las regulaciones”, dijo Prior.

“La situación de los inquilinos es difícil, especialmente para las 10 millones de personas que alquilan en todo el país. Aproximadamente el 60% de los ingresos del hogar se destina al alquiler, lo que deja poco margen para vivir y menos para proyectar la adquisición de una vivienda propia”, agregó.

En este contexto también se está discutiendo en  el Congreso regulaciones sobre el alquiler turístico temporario, que se ha vuelto cada vez más común en nuestro país.

El acceso a la vivienda es cada vez más difícil

El censo más reciente indica una disminución de propietarios y un aumento de inquilinos, lo que refleja un aumento en la concentración de la propiedad.

Federico Prior dijo que el  Estado construye viviendas de manera lenta, mientras que la construcción privada se centra en la acumulación en lugar de resolver el déficit habitacional.

“Acceder al crédito es difícil y las familias están asfixiadas por los altos costos del alquiler. Por lo tanto, es necesario implementar políticas concretas y políticas públicas activas para el acceso a la vivienda por alquiler, ya que la mayoría depende de esta opción.

El desafío radica – dijo – en regular este tema, tal como se hace en la mayoría de los países, ya que actualmente existe una falta de regulación. “Es importante establecer políticas para ordenar la situación, ya que el panorama empeorará si no se toman medidas. Existe una retirada de ofertas en el mercado inmobiliario, lo que presiona para desregular los puntos de la ley”, dijo.

“Es crucial que el Estado haga cumplir esta ley”, dijo finalmente .