La Nación dejó de cumplir con asistencia ordenada por la Corte para comunidades
En 2007, el máximo tribunal del país había ordenado garantizar alimentos, agua potable y atención sanitaria a miles de hogares del oeste.
El defensor del Pueblo del Chaco Bernardo Voloj expuso ayer la grave situación alimentaria por la que están atravesando alrededor de 4600 familias del norte chaqueño ante la interrupción de la asistencia del gobierno nacional. Alertó que «los más afectados son niños y adolescentes de 1 a 16 años».
Voloj explicó a NORTE que «por un lado tenemos el reclamo conjunto de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (Adpra) a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a implementar medidas inmediatas y concretas frente a la interrupción de la asistencia alimentaria», detalló el funcionario local.
«Por otra parte, y aún más urgente para nosotros, tenemos la situación de alrededor de 4600 familias en la zona de El Espinillo y los parajes aledaños a los que se asiste desde el año 2007 por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación». Desde entonces, Nación entrega entre el 80 y 70 por ciento de los alimentos y Provincia se encarga de completar el total, mientras que la distribución logística queda en manos del Ejército Argentino. «Esta asistencia indispensable se detuvo en noviembre del 2023, pero por lo que nos aseguraron desde Nación en los próximos 30 días se reiniciarán los operativos», aseguró.
«Es imperativo reactivar de manera urgente la provisión de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios, subrayando que la nutrición de millones de niños y niñas no puede aguardar y garantizando la calidad de los alimentos conforme a las Guías Alimentarias promovidas por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes», afirmó.
Esta solicitud se basa en el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan los comedores y merenderos comunitarios como una red de apoyo ante la pobreza estructural, proporcionando una alimentación esencial diaria para numerosas familias necesitadas.
Adicionalmente, se ha solicitado con carácter de urgencia la ejecución del operativo de asistencia alimentaria que se lleva a cabo de forma continua desde 2007 en la región del Interfluvio.
DEMORAS EN LA SENTENCIA JUDICIAL POR ALIMENTOS
En respuesta a una presentación de la Defensoría del Pueblo de la Nación en el 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictaminado la necesidad de brindar asistencia alimentaria a las familias del Interfluvio. Esta distribución se realiza en cumplimiento de las disposiciones de una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el propósito de asegurar la seguridad alimentaria y los servicios esenciales para los habitantes de esta región del norte de la provincia.
Cada operativo comprendía la entrega de módulos de alimentos, leche fortificada y agua, beneficiando a 4,566 familias que residen en localidades y parajes del norte chaqueño. El mismo se realiza de forma conjunta por Nación, Provincia y la logística a cargo del Ejército Argentino.
La distribución abarcaba a los habitantes de Villa Río Bermejito, El Espinillo y los parajes Puerto Lavalle, El Canal, Fortín Lavalle, La Pelole, Lote 6, Lote 39, Lote 614, 10 de Mayo, Barrio Norte, Las Vertientes, Los Milagros, Santa Carmen, Manantiales, El Mojo, La Bolsa, La Esmeralda, Palma Sola, Campo Azul, Las Palomas, Ñandubay, San Manuel, Miramar, El Palmar, Tres Pozos, Las Tunillas, El Algarrobal, Tres Quebrachos, El Simbolar, Río Muerto Cruz, Río San Manuel, Cuatro Bocas, Olla Quebrada, Pozo del Bayo, Pozo La China, Palo Santo, Víboras Blancas, La Sirena, Paso Sosa, El Obrador, San Luis, El Escondido, El Toroltay, El Colchón, Cabeza de Buey, Pellegrini y El Telasco.
Desde 2020, el operativo alimentario se realizaba con una frecuencia doble de 4 entregas al año cada 90 días o entregas simples cada 45 días, totalizando 8 entregas anuales. Sin embargo, a partir de noviembre de 2023, estas acciones se han detenido.
«Las familias beneficiarias muestran una gran inquietud ante la falta de entrega de los módulos, y han solicitado nuestra intervención, dado que la Defensoría del Pueblo del Chaco ha supervisado el cumplimiento de esta sentencia. A nivel nacional, se nos informó que, aunque hay retrasos, se espera que en un plazo de entre 30 a 45 días se retome el operativo», aseguró Voloj.
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