El director del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco, Ricardo Urturi, confirmó que, tras cumplirse las instancias de investigación con los sumarios administrativos correspondientes, fue elevado al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia el pedido de cesantía de los dos agentes policiales de General San Martín, sindicados como presuntos abusadores de una adolescente de 16 años en un vehículo oficial.
En diálogo con Radio Provincia, el letrado recordó que el 17 de agosto vencieron todos los plazos que tenían ambos agentes policiales imputados, y finalizó la investigación con los sumarios administrativos. “Recolectadas todas las pruebas y formuladas las imputaciones se elevó al Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo con el pedido de cesantía”, reveló.
El caso ocurrió en los últimos días de julio, cuando el dueño de un kiosco en el barrio Las Palmeras, en General San Martín, logró filmar con su celular a dos policías dentro de un patrullero junto a una adolescente que, al descender del vehículo afirmó haber sido violada.
Tarea finalizada para el OCI
Con la elevación del pedido al Ejecutivo, el OCI concluyó su tarea: “Emitimos la opinión final luego de valoradas las pruebas y hechas las imputaciones. A partir de allí, en el Ejecutivo hay distintos pasos burocráticos que deben cumplirse”, explicó, indicando que en ese ámbito “toda medida expulsiva de cualquier funcionario público o empleado de la administración pública debe hacerse a través de un decreto, que debe tener como paso precedente la sustanciación de un sumario administrativo”.
Sobre los pasos siguientes en el ámbito del Poder Ejecutivo, Urturi precisó que el Ministerio de Seguridad y Justicia debe elevar el expediente, y la Asesoría General de Gobierno “que es un paso previo a toda decisión del Poder Ejecutivo, y finalmente el dictado del decreto por el gobernador de la provincia”.
“Lo que nosotros hemos investigado tiene que ver puramente con las responsabilidades administrativas de los empleados. No hemos guardado ninguna compatibilidad con la imputación penal por el abuso sexual, que se investiga en sede judicial”, contrastó, y recordó que todavía no fue dictada la prisión preventiva.
En esa línea recordó que la investigación administrativa abordó específicamente “inconductas” de los oficiales en cuanto al cumplimiento de sus funciones, en lo relativo al patrullaje”. Así resaltó “las inconductas que tomaron conocimiento público y no guardan relación con el decoro que debe tener un funcionario público y el cumplimiento de la Ley de Ética Pública”. “Todas estas normas han sido infringidas varias en carácter gravísimo y otras en concurso de faltas graves, lo que trajo aparejado este pedido de destitución desde el Órgano de Control”, agregó.
