El gobierno nacional ordenó cancelar contratos de mantenimiento de rutas
Emitido una orden para cancelar todos los contratos de mantenimiento de rutas, lo que ha generado preocupación sobre el estado de la infraestructura vial en el país.
A través de una nota dirigida a los gerentes de Vialidad Nacional, se decretó la finalización de todos los contratos de mantenimiento, construcción y servicios relacionados. Marcelo Campoy, director de Vialidad Nacional, comunicó el viernes a todas las gerencias de la repartición que, debido a la «situación económico-financiera actual», es necesario dar por terminadas las obras cuya ejecución se ha vuelto inviable. La orden incluye la rescisión de contratos «por terminación de obra, limitación y/o mutuo acuerdo».
La medida afecta no solo a los contratos de reparación y construcción de carreteras, sino también a servicios esenciales como el mantenimiento de la iluminación en cruces, el cuidado de las banquinas y el corte de pasto. El documento también insta a implementar un proceso administrativo adecuado para evitar posibles demandas legales.
En provincias como Santa Fe, donde se exporta la mayor parte de la cosecha argentina, los accesos a los puertos ya se encuentran en condiciones regulares o malas. La situación se agrava debido a la inacción del gobierno nacional, que no ha realizado reparaciones ni ha transferido la responsabilidad a las provincias para que estas puedan ejecutar obras con sus propios recursos.
A pesar de que el gobierno nacional anunció, tras 16 meses de inactividad, que concesionaría todas las rutas, las licitaciones continúan demorándose. Un ministro de una provincia afectada señaló: «No quieren ceder las rutas porque están enfocados en el negocio de las concesiones».
Cabe destacar que el director Campoy ya había ocupado cargos en el área durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se otorgaron en concesión las principales rutas del país sin un control adecuado. Esta decisión ha generado críticas y preocupación sobre el futuro de la infraestructura vial y su impacto en la economía y la seguridad de los usuarios.





