El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció el cierre de un área gubernamental durante una entrevista en LN+. «Es un área que emplea a 100 personas y gestiona una cartera de créditos. Sin embargo, los sueldos superan el valor total de la cartera. Es muy difícil de controlar y no se sabía con precisión dónde estaba el dinero. Por eso, se cierra mañana (viernes)», declaró el funcionario.

Pocas horas después, la medida se formalizó mediante la publicación del Decreto 1094/2024 en la última edición del Boletín Oficial. El documento fue firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Guillermo Francos, y la secretaria de Transformación del Estado, Sandra Pettovello.

Los considerandos del decreto destacaron la magnitud del «gasto mensual en personal», que asciende a $100.584.210, lo que proyectado a un año alcanza los $1.307.594.730. Esta cifra supera el presupuesto total asignado al programa para 2024, que es de $1.178.796.541. Además, se subrayó que el gasto mensual es un 54 % superior al total ejecutado del presupuesto de este año.

Otro de los argumentos esgrimidos fue la «deficiente administración del Programa por parte de la Comisión Nacional», que, según el decreto, provocó «la dilapidación de recursos públicos que debían ser destinados exclusivamente al cumplimiento de los fines del Programa de Microcréditos».

En relación con las instituciones de microcrédito adheridas al programa, se precisó que, de las 209 entidades activas, solo 117 tienen más de 10 créditos activos. Esto refleja, según el informe, «una limitada eficiencia y capacidad operativa». Además, se señaló que la cartera de créditos activos del programa presenta una tasa de morosidad superior al 42%, cifra que «supera ampliamente los estándares de las instituciones de microfinanzas especializadas, donde los niveles de morosidad suelen ser inferiores al 10%».

El informe también advirtió sobre la falta de «capacidad técnica y experiencia» de las instituciones adheridas para gestionar de forma eficiente los fondos asignados. Desde la creación del programa en 2006, no se realizaron evaluaciones formales ni estudios de impacto para medir la efectividad de la política de microcréditos, según se indicó.

Finalmente, el decreto concluyó que la Ley N° 26.117, que dio origen al programa, «no ha alcanzado sus objetivos». Entre las deficiencias señaladas se menciona la falta de un registro formal de las instituciones de microcrédito y la ausencia de sanciones frente al incumplimiento de las obligaciones que establece la normativa.