Este jueves, desde el gremio UPCP denunciaron que el Gobierno provincial dictó la Resolución N° 1031/24, la cual indica que todos aquellos empleados públicos que se adhieran a medidas de fuerza, tendrán un salario más bajo por descuentos.

La organización sindical que dirige José Niz apuntó contra el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez, exigiéndole que deje sin efecto la misma,  por violar el derecho constitucional de huelga.

De esta manera, UPCP  interpuso un recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio contra la Resolución 1031/24, y adelantaron que, en caso de no dejar sin efecto el instrumento, iniciarán las acciones judiciales «con el claro objetivo de restablecer el respeto y garantía al derecho de huelga y preservar a los trabajadores de descuentos en su salario».

Por su parte, Niz  aseveró que «el gobierno actual no resuelve los reclamos de los trabajadores del escalafón general, no responde los innumerables pedidos de audiencia, ni tampoco cumple con la ley de paritarias. Ahora, en un claro abuso de poder, dicta la Resolución 1031/24 con el objetivo de silenciar a los trabajadores, amenazando con descontarles sus haberes cuando se adhieren a los paros, legalmente convocados, en el marco de  las atribuciones que la Constitución Nacional y Provincial asigna a los sindicatos con personería gremial».

«Es un insulto para los trabajadores señalar que los aumentos salariales impuestos por el Ejecutivo, de modo inconsulto y unilateral, son suficientes y cubren las necesidades básicas», afirmaron desde la entidad sindical.

El Plenario de Delegados de UPCP remarcó que a partir de la gestión Zdero, «emulando a su jefe político, Javier Milei, sistemáticamente dicta medidas y desarrolla acciones ilegales e inconstitucionales».

«Desvergonzadamente, nada menos que el ministro titular de la cartera de Trabajo y Derechos Humanos dicta una resolución, que más allá de la confusión de conceptos jurídicos que muestra en sus considerandos, amenaza a sindicatos y a trabajadores, de descontarle su salario cuando reclamen mediante acciones gremiales, frente a las injusticias que el Gobierno instrumenta hacia los ciudadanos, los trabajadores y sus familias», detallaron.

Denunciaron, además, que «este Gobierno nunca designó los representantes paritarios para ejecutar el proceso de negociación colectiva en pie de igualdad con las asociaciones sindicales, violando de modo manifestó la Ley 1767-L y el Convenio Colectivo de Trabajo General para la administración pública provincial, vigente desde el 29 de marzo del año pasado».

Advirtieron que «sumado al abuso de poder y el pisoteo de los derechos constitucionales, la Resolución 1031 anula el derecho humano a la huelga, que un gobierno democrático está obligado a defender y garantizar».

IMPOSICIÓN DE AUMENTOS SALARIALES

Desde UPCP acusaron al gobierno de «ejercer violencia institucional contra los empleados públicos, porque el 90% del escalafón general se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, presentan un 132,5% de aumento impuesto (sin paritarias), cuando todos los servicios de agua, luz, cargas impositivas, canasta familiar, canasta de medicamentos, canasta escolar, se han incrementado en más de un 200%».

«Además, subestiman nuestra inteligencia. Es de público y notorio conocimiento que los funcionarios se beneficiaron con un 148%  en un solo pago, más los aumentos impuestos al escalafón general, mientras que a los agentes que sostienen los servicios públicos nos obligaron a recibir en cuotas, pagando el costo de la pérdida total del poder adquisitivo», concluyeron.