Derechos Humanos. “Más de 980 personas tienen habilitado el uso de teléfonos celulares en el servicio penitenciario de Chaco»
el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco, Kevin Nielsen
En diálogo con Radio Provincia del Chaco, el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura se pronunció al respecto de la norma que restringe el uso de celulares y mencionó los derechos sobre los que se fundamenta el Hábeas Corpus, los cuales se han observado en el sistema penitenciario.
Tras interponer un Hábeas Corpus colectivo para evitar que no se limite el uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia y/o que se declare la inconstitucionalidad de la medida aprobada en la Legislatura, el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco, Kevin Nielsen dialogó con Radio Provincia del Chaco sobre esta medida que, desde su punto de vista, es el resultado de “una apología permanente de los medios de violentar los Derechos Humanos de las personas detenidas”.
“Más de 980 personas tienen habilitado el uso de teléfonos celulares en el servicio penitenciario, entonces junto con la Defensoría General de la Provincia interpusimos una acción de Habeas Corpus para evitar que esto suceda”, expresó Nielsen, en relación a la normativa aprobada el 5 de abril en el marco de la quinta sesión ordinaria del Poder Legislativo.
El Poder Legislativo aprobó, a través de una ley, la limitación del uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia. La normativa establece que para garantizar el derecho a la comunicación de los internos se instalarán teléfonos públicos, con mensajes que expliciten el origen de la llamada.
En diálogo con Radio Provincia del Chaco, Nielsen se pronunció al respecto de la norma y mencionó los derechos sobre los que se fundamenta el Hábeas Corpus, los cuales se han observado en el sistema penitenciario. “Hay siete u ocho derechos constitucionales que se pudieron ejercer gracias al uso de teléfonos celulares”, expresó.
Entre las más relevantes se encuentran el acceso a la comunicación con familiares, el acceso al afecto de las personas, el acceso a la educación, el acceso a la justicia y el contacto con los abogados defensores. “Muchas personas comenzaron a estudiar y muchas se han recibido”, comentó acerca de una de las ventajas.
Asimismo, el presidente del Comité también hizo hincapié en la cantidad de hechos de tortura y malos tratos, tanto por parte del personal penitenciario como también de otros internos, que se han podio prevenir gracias al contacto con las guardias telefónicas. “Se han podido hacer denuncias gracias a la filmación de los teléfonos celulares”, explicó.
Por último, Nielsen opina que esta ley “viene a retroceder dos o tres casilleros”. Asimismo, también comentó que junto la Secretaría de Derechos Humanos y Género y la Defensa Pública recomendaron a la Cámara de Diputados y al poder ejecutivo avanzar en una regulación permanente que no esté ligada únicamente a la restricción de las visitas.
“Lo cierto es que esto está funcionando, puede llegar a haber un uso prohibido igualmente, pero es justamente esta regulación la que permite actuar en consecuencia, individualizar a la persona y evitar sacarles el celular a todas las personas de un mismo pabellón”, sentenció.
“Nuestros sistemas carcelarios están lejos de ser los ideales”
Kevin Nielsen se refirió al sistema penal de nuestro país y no pudo ocultar su disconformidad. “Hoy en día a las personas que pasan por ese sistema no están logrando readaptarlas y que tengan una segunda oportunidad”, expresó.
En este sentido, el presidente del Comité recuerda que la Argentina se encuentra adherida al Pacto Internacional en materia de Derechos Humanos, la cual aclara que tiene jerarquía constitucional y por ello establecer “pisos” mínimos de dignidad para la privación de libertad.
Asimismo, Nielsen considera que la situación del sistema penal está fuertemente vinculada con la crisis de seguridad por la cual atraviesa nuestro país. “La inseguridad es también una violación a los derechos humanos, si el Estado no puede garantizar seguridad también es una cuestión de derechos humanos”, comentó.
Por otra parte, acerca del tratamiento mediático que recibe el tema en los medios de comunicación, Nielsen dijo: “Creo que esta apología permanente y constante sobre todo de parte de los medios masivos de comunicación de violentar los derechos humanos de las personas detenidas o de endurecer el sistema penal más allá de los límites penales está vinculado a la crisis de seguridad”.
Siguiendo por la misma línea, Nielsen comenta que el sistema penal ideal debería readaptar a las personas para que no reincidan en actitudes delictivas a través de la implementación de medidas restitutivas, la solución de conflictos, los tratamientos psicoterapéuticos y comunitarios, tratando de averiguar y trabajar sobre la causa del delito.
Por último, Nielsen evidencia que los sistemas carcelarios están “lejos de ser los ideales” o lejos de lo que marca la normativa del país. “No solamente no beneficia a la persona que transita esos lugares sino que las perjudica”, sentenció.
