Debate polémico por la modificación de las licencias gremiales

La presentación del proyecto de ley 303 en la Legislatura del Chaco, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, abrió un fuerte debate entre el oficialismo, dirigentes sindicales y especialistas en derecho laboral.

La iniciativa propone modificar el régimen de licencias gremiales en la administración pública y eliminar el pago de salarios por parte del Estado a los dirigentes sindicales que se encuentren en uso de esas licencias.

POSTURA OFICIAL 

Desde el oficialismo, el presidente del interbloque Chaco Puede, Iván Gyoker, defendió la propuesta al considerar que el esquema actual implica un gasto injustificado para el Estado. «Somos la única provincia donde el Estado paga el sueldo a quienes toman licencia para ejercer funciones gremiales. Eso es injusto para la sociedad», sostuvo durante una entrevista en el programa Sensación Térmica, de NORTE TV.

Según explicó, el sistema implica que el Estado pague tanto al dirigente con licencia como a quien lo reemplaza en su puesto. «Solo en el sistema educativo se gastan cerca de cien millones de pesos por mes: cincuenta millones en sueldos de quienes están de licencia y otros cincuenta en quienes los suplantan», afirmó. En total, estimó que el costo mensual ronda los 200 millones de pesos.

En la misma línea, el ministro de Gobierno del Chaco, Julio Ferro, señaló que la reforma busca «ordenar el gasto público» sin afectar la libertad sindical. «Se garantiza la reserva del puesto, la antigüedad, la licencia y la tutela sindical. Lo único que se modifica es que el Estado deje de pagar el sueldo a quien no presta servicios», explicó.

RECHAZO

La iniciativa, sin embargo, generó un fuerte rechazo en el ámbito sindical. El abogado laboralista Felipe Schwartz consideró que la medida constituye «una decisión claramente antisindical». Según indicó, el proyecto colisiona con normas internacionales sobre libertad sindical. «El Convenio 87 de la OIT establece que el Estado debe abstenerse de cualquier intervención que limite la organización y las actividades de los sindicatos», explicó. A su entender, la eliminación de las licencias pagas «busca desarticular la representación de los trabajadores en un contexto de fuerte vulnerabilidad».

Desde el movimiento obrero, uno de los secretarios generales de la CGT Chaco, Adrián Bellomi, cuestionó los argumentos económicos del gobierno. «Le están mintiendo a la gente. Pretenden instalar que los dirigentes sindicales son responsables de los problemas salariales», afirmó.

Para el dirigente, el impacto presupuestario de las licencias es mínimo frente a la estructura del Estado. «Decir que unos pocos permisos gremiales van a mover la caja de la provincia es una locura», sostuvo.

En la misma línea, la secretaria general de Atech, Rosa Petrovich, expresó en un comunicado el rechazo del arco gremial docente. Allí advirtió que detrás del proyecto «no hay un privilegio individual, sino la representación de miles de trabajadores». También cuestionó el contexto en que se presenta la iniciativa, marcado por reclamos salariales y protestas por la pérdida del poder adquisitivo.

«Cuando se intenta debilitar a quienes representan a los trabajadores, en realidad se busca debilitar la defensa de sus derechos», afirmó.

El debate recién comienza y promete ser uno de los temas más sensibles en la agenda legislativa de las próximas semanas.

Artículos claves del proyecto de ley 303 que comenzará a debatirse en la Legislatura 

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone modificar el régimen de licencias gremiales vigente para empleados públicos y docentes de la provincia del Chaco.

El cambio central es que las licencias por representación sindical pasarán a otorgarse sin goce de haberes, es decir, el Estado dejará de pagar el salario a los dirigentes mientras ejerzan funciones gremiales.

La iniciativa modifica el artículo 48 de la Ley 645-A (Estatuto del Empleado Público) y el artículo 318 de la Ley 647-E (Estatuto del Docente), que actualmente prevén licencias gremiales con salario.

El proyecto mantiene otros derechos vinculados a la actividad sindical:

Reserva del puesto de trabajo durante el período de licencia.

Cómputo de antigüedad a efectos laborales y jubilatorios.

Reincorporación automática al finalizar el mandato sindical.

Además, establece un sistema de cupos para las licencias según la cantidad de afiliados de cada gremio. En el caso de la administración pública, se prevé un máximo inicial de cinco cargos por sindicato, con ampliaciones según el padrón de afiliados.

También fija que quienes actualmente estén de licencia gremial mantendrán el beneficio con goce de haberes hasta el final de su mandato, pero cualquier renovación posterior se regirá por el nuevo esquema sin salario estatal.