Según estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), durante 2024 la empresa presentó un promedio de modificaciones en el 27% de sus vuelos. Este mes, las cancelaciones y reprogramaciones podrían superar el 45%.

La medida que analiza el gobierno implicaría retirar el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), que autoriza a la empresa a volar, o multas de hasta $200 millones y la suspensión de rutas.

Flybondi comete gran cantidad de incidentes de seguridad, irregularidades en sus talleres de mantenimiento, y un desorden significativo en el almacenamiento de materiales y herramientas.

La Junta de Seguridad en el Transporte investiga varios eventos, como emergencias en vuelo y fallas en la gestión de aeronaves. Uno de los datos que pone en jaque a Flybondi es que solo en noviembre, de los 1991 vuelos operados, 384 sufrieron cancelaciones (20% del total de las operaciones).

Además, se estima que más de 700 vuelos debieron ser reprogramados. La empresa presentó su propuesta esta semana, que incluye medidas clave como la mejora en la programación de vuelos y una reducción de las cancelaciones.

Ahora, la Secretaría tiene la responsabilidad de evaluar rápidamente la respuesta para decidir si las propuestas de Flybondi son suficientes para garantizar una mejora inmediata en el servicio y evitar nuevas complicaciones para los pasajeros.