En la audiencia inaugural de fijación de penas para los asesinos de Cecilia Strzyzowski, las defensas a cargo de Gabriela Tomljenovic y Ricardo Osuna optaron por seguir las instancias desde sus domicilios de manera virtual, con el objetivo de evitar posibles agresiones, mientras que la codefensora Olga Mongelós, formuló serias acusaciones.

El condenado Emerenciano Sena no concurrió a escuchar las penas y se especula con que habría justificado su ausencia por razones de salud. En tanto, el femicida César Sena cuenta con la asistencia remota de su abogada Tomljenovic, mientras que Osuna, representante de Emerenciano, también seguiirá la audiencia de forma online.

Los letrados priorizaron su integridad física tras los hechos ocurridos luego del veredicto del pasado 15 de noviembre, al igual que las codefensoras que conforman los equipos técnicos de César y Emerenciano. La codefensora , Olga Mongelós, en una dura nota presentada ante el Tribunal, expuso sus razones de no concurrir a la sala judicial de avenida San Martín 66, donde denuncia intromisión del Poder Ejecutivo, y cuestiona las declaraciones de la jueza Fernández, y la publicación de posteos de parte del personal de la Oficina de Juicios por Jurados, evidenciándose falta de garantías de imparcialidad del proceso. Al mismo tiempo, recordó los ataques padecidos.

Las agresiones entre la multitud

La abogada Olga Mongelós, codefensora de Emerenciano Sena, denunció que durante el juicio por jurados se produjeron agresiones verbales y hechos de violencia contra la defensa, señalando que nunca antes había vivido situaciones similares en causas mediáticas como las de «Roseo» o la de Tatiana Kolodziey, donde representó a víctimas y jamás recibió ataques.

En su escrito presentado a la jueza Dolly Fernández, a la que también le reprochó sus dichos de un «hartazgo social», en referencia al veredicto, se preguntó si lo ocurrido fue una violencia en multitud contra dos mujeres o un mensaje dirigido a los defensores de Sena, remarcando que las agresiones fueron únicamente hacia la defensa. Por ello, Mongelós solicitó que las audiencias se realicen de manera virtual y, en caso de que el tribunal no lo considere procedente, pidió que se arbitren todas las medidas de seguridad necesarias para resguardar su vida y la de los demás defensores, evitando que hechos de este tipo vuelvan a repetirse. Finalmente, ella y demás defensores, lo hacen virtual.

Las penas no se modificarán

Más allá de los planteos realizados por las defensas, y rechazados por el Equipo Fiscal Especial (EFE) y las querellas, un punto es irreversible en esta etapa del proceso: el juicio no será declarado nulo, y los tres Sena, que tendrán la pena de prisión perpetua, seguirán detenidos en cárceles. Sobre las cuestiones de salud, ventiladas ayer en la audiencia, eso será tema por resolverse en el futuro en juntas médicas, que deberán determinar si están en condiciones de continuar alojados en presidios.

Denuncia irregularidades en el juicio

La codefensora de Emerenciano Sena solicitó la investigación de conductas de empleados judiciales que, según su criterio, habrían violado el Reglamento del Poder Judicial y otras normas vigentes. Olga Mongelós señaló que durante las audiencias del juicio por jurados se produjeron episodios de agresión verbal y amenazas por parte de una empleada judicial hacia uno de los defensores.

Estos hechos, afirmó, pueden ser corroborados mediante las grabaciones de las cámaras de la Sala del Tribunal —siempre que no hayan sido editadas— y con testimonios de quienes presenciaron la situación. La letrada también cuestionó publicaciones realizadas por empleados judiciales utilizando la credencial oficial del Poder Judicial, con la inscripción «Oficina – Juicio por Jurado»: «Orgulloso de portar esta credencial con la que se escribió una parte pequeña pero sumamente importante de la historia del Chaco. Hoy Cecilia va a tener una partida de defunción y va a poder descansar en paz. Hoy el Poder Judicial de la Provincia del Chaco hizo justicia».

Según Mongelós, el autor de la publicación sería un empleado judicial con cargo de jefe de División en la Ofi‑ cina de Juicio por Jurados. A su entender, este comportamiento constituye una falta grave, ya que se emitieron manifestaciones públicas que afectan la imparcialidad institucional y se adelantaron conclusiones de un proceso penal que aún no ha concluido.