Masin impulsa la modificación de la Ley de Parto Humanizado

La legisladora nacional explicó que «es esencial que las mujeres y personas gestantes cuenten con herramientas como esta que tienen como objetivo la ampliación de derechos». Los cambios buscan, básicamente, armonizar la legislación e incluir perspectivas como las de las personas con discapacidad y la cosmovisión de los pueblos originarios.

La diputada nacional, Lucila Masin, explicó los alcances de las modificaciones a la Ley de Parto Humanizado que impulsa en el Congreso Nacional y tiene como eje garantizar la inclusión de personas con discapacidad e integrantes de pueblos originarios. La norma fue sancionada con el número 25.929 el 25 de agosto de 2004 y promulgada en septiembre de ese mismo año por el Gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner.

Con estos cambios, la idea es armonizar la legislación, por ejemplo para incluir la terminología de personas gestante que tiene su correlato con el nuevo Código Civil y Comercial; así como la de progenitor y progenitora y no la de padre o madre, también incluida en el código.

Pero además, Masin entendió que es importante incorporar, a partir de esta ley, dos perspectivas como la de discapacidad y las de las cosmovisiones de las comunidades indígenas; de manera tal de que esté disponible la información correcta para estas personas.

«Recordemos que es una ley que no se difunde, no se comparte y no se visibiliza, y nosotros entendemos que durante y después del parto es indispensable la contención y el acompañamiento», expresó la legisladora, que consideró «fundamental» para las personas con discapacidad e integrantes de pueblos originarios, «contar con señalética, sistemas Briale, sistemas informatizados o intérpretes que acompañen en ese momento es muy importante». En ese marco, señaló que «la intención es efectuar estas pequeñas modificaciones pero que son sustanciales en un momento en que para las mujeres y personas gestantes es fundamental tener herramientas legislativas que hacen a la ampliación de los derechos».

Información limitada La diputada nacional apuntó además que la ley busca garantizar el pleno acceso a la información a todas las mujeres y personas gestantes, habida cuenta que en la gran mayoría de los casos el proceso del embarazo y el propio parto se ven mediados por una relación entre el profesional y el paciente marcada por una relación «paternalista» donde esa información es retaceada o no tiene la fluidez necesaria para que la persona acceda a todas las opciones y pueda decidir. «Muchas veces, los equipos profesionales definen la modalidad y el método del parto sin participación alguna de la persona gestante, que además no sabe hasta dónde llega su capacidad de decidir porque nunca accedió a esa información». reflexionó.

En esa línea, marcó que incluso en este tiempo de pandemia se han expresado muchas quejas por no poder contar con una compañía para el momento del parto. «Creo que es indispensable que esta ley se pueda visibilizar y articular en la provincia porque es una herramienta indispensable para las personas gestantes», expresó.

Si bien no hay datos sistematizados sobre el cumplimiento o no de las pautas que prescribe la norma, con lo cual no se puede corroborar qué instituciones cumplen con la ley y cuáles no, existen protocolos que se vienen implementando a nivel nacional y recomendando a las provincias. «De todas maneras, sabemos que muchas veces esto no se cumple en la práctica y depende de nosotras el poder insistir con esto para que podamos acceder a la información y hacerla llegar a todas las personas gestantes», consideró.

Trámite parlamentario A pesar de que el funcionamiento del Congreso Nacional no está exento de los avatares que impone la pandemia de COVID-19, Masin anticipó que la Comisión de Mujer y Diversidad -que además integra- está funcionando de manera activa, en éste y otros proyectos como la inserción laboral trans. «Por supuesto que al ser una ley que recién fue presentada, tiene un plazo de dos años para tratarla pero vamos a intentar de que se debata lo antes posible: no son modificaciones que impliquen cuestiones presupuestarias, sino que amplía derechos y reconoce determinados factores y perspectivas, por lo que entendemos que se podría incluir en el temario de las Comisiones», estimó.