Diputados emitirá dictamen sobre jubilaciones

   Este tema llegó al Congreso gracias a la movilización constante de los jubilados, que cada miércoles marchan pese a la represión policial. Los mismos diputados que permitieron el veto del gobierno de Milei al aumento del 8,1% —equivalente a la inflación de enero 2024— ahora reconocen la necesidad de actuar frente a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones.

Según datos oficiales, más del 60% de los adultos mayores que cumplen edad jubilatoria en 2025 (unos 241.984) no alcanzan los 30 años de aportes y no podrán jubilarse sin una solución legislativa. La moratoria previsional, que venció el 23 de marzo, permitía pagar los años adeudados por los empleadores en cuotas que se descontaban hasta un 20% de la jubilación mínima ($366.481 en mayo). Aunque injusta, esta medida fue clave para el 72% de los jubilados en los últimos dos años.

Liliana Kunis, del Plenario de Trabajadores Jubilados, denunció que «los trabajadores en negro no aportaron porque sus patrones no lo hicieron». Señaló también cómo el Estado genera trabajo informal al contratar personal sin obra social ni aportes.

El cinismo de algunos partidos quedó en evidencia: defienden el blanqueo a empresarios que evadieron aportes, pero rechazan opciones para los trabajadores. Sin moratoria, muchos deberán esperar la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), que solo llega a las mujeres a los 65 años.

La diputada Vanina Biasi (Frente de Izquierda) presentó un proyecto para prorrogar la moratoria. Otros tres legisladores apoyan iniciativas similares. En cambio, Pichetto propuso una Prestación Básica Universal que reduce el haber mínimo en un 20%, siguiendo el modelo impulsado por el Banco Mundial y aplicado por Macri en 2016.

Proyectos de Massot, Antola y Borrego también proponen sistemas basados en la PUAM, con criterios que excluyen a migrantes, desocupados y monotributistas. Estas medidas profundizan la inequidad, ya que penalizan a los sectores más afectados por el trabajo informal.

Otros proyectos buscan ajustes menores: Olivetto quiere recuperar el 8,1% vetado; Moreau y Strada proponen aumentos del bono o jubilaciones; Tolosa Paz impulsa una «ayuda económica» que no ingresa al haber básico y seguirá rezagándose ante la inflación.

Economistas y especialistas coincidieron en que el trabajo no registrado (casi 50%) es el principal problema del sistema previsional. Además, los aportes patronales han sido reducidos durante décadas y los 250.000 despidos recientes agravan el déficit de las cajas.

Señalaron también que trabajadores y jubilados aportan indirectamente al sistema mediante el IVA e impuestos al salario. Mientras, los empresarios tienen blanqueos y moratorias que nunca se les conceden a los trabajadores. La lucha por una jubilación digna continúa en el Congreso, donde la presión popular puede inclinar la balanza hacia una solución justa.