El juicio de Napalpí implicó el reconocimiento del genocidio indígena con un instrumento jurídico que son los Juicios por la Verdad
A 15 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia se refirió a las políticas de memoria que permiten el reconocimiento de las comunidades originarias.
Se cumplen 15 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y desde Chaco sostienen las políticas públicas para garantizar los derechos de los Pueblos Originarios.
La secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Silvana Pérez, dijo a Agencia Foco que “el juicio de Napalpí es un antes y un después para la Argentina, para Amércia Latina y para el mundo, respecto del reconocimiento del genocidio indígena que se dio en la colonización y apropiación de los territorios”.
La funcionaria se refirió a este proceso de colonización que no solo negó derechos, sino que mantuvo estructuras discriminatorias y racistas para los pueblos indígenas.
En este sentido, Pérez dijo que “el juicio de Napalpí implicó el reconocimiento del genocidio indígena con un instrumento juridico que son los juicios por la verdad, con un rango de crimen de lesa humanidad en el marco de genocidio”. Sostuvo que se “trata de un juicio ejemplar que ha significado un avance para el acceso a la memoria, la verdad y la justicia”.
Destacó que en la última década en Argentina se reconoce la lucha por los Derechos Humanos, dándole rango institucional y jurídico.
A su vez, destaca a las comunidades originarias como hacedoras principales, ya que se organizaron y articularon con “múltiples espacios de la sociedad civíl”. La funcionaria recordó la lucha de Juan Chico, ya que, como dirigente indígena formado en Derechos Humanos, fue “uno de los impulsores”.
“El juicio por la verdad permite establecer una verdad jurídica y hacer recomendaciones de políticas públicas”, dijo y aclaró que aunque “no se puede perseguir penalmente a los responsables, ya que no están vivos, si establece la responsabilidad estatal ya que en ese momento Chaco era territorio nacional”.
Además, destacó que la sentencia resolvió “poder trabajar en políticas de memoria en espacios educativos, en los medios de comunicación y en los estamentos de la formación de las fuerzas de seguridad para no seguir reproduciendo situaciones de violencia y racismo”.
Pérez explicó que el pedido de perdón del gobernador Jorge Capitanich a las comunidades originarias, “fue fundamental para empezar un proceso del Estado como querellante en el juicio de Napalpí”.
Mencionó otras políticas públicas tendientes a preservar el derecho a la identidad y a la cultura de los pueblos indígenas, como lo es el reconocimiento de las lenguas como lenguas preexistentes. Destacó que “este reconocimiento tiene categoría institucional ya que se introduce en el sistema educativo intercultural y se promueven políticas sanitarias, culturales y educativas”.
