El gobierno intervino la segunda obra social más grande del país
La sede de la obra social en Buenos Aires
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se confirmó que Nación tomó las riendas de la entidad de salud de la Uatre.
El gobierno nacional de Javier Milei oficializó este lunes la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), la segunda de mayor magnitud por cantidad de afiliados, con un número mayor a 650.000 afiliados.
Se trata de una de las medidas más resonantes dentro del programa de auditorías que está haciendo la Superintendencia de Servicios de Salud en las obras sociales sindicales. A muchas de ellas las señala por fuertes irregularidades y las acusa de ser utilizadas como cajas negras para financiamiento.
La medida fue posterior a que la SSS designara una administradora provisoria una decisión que se dio por dos factores determinantes. En primer lugar, acusaron que la deuda financiera que acarrea (de $43.949 millones hasta marzo de 2024) pone en peligro la sostenibilidad de la entidad; en segundo, indicaron que presenta enormes irregularidades administrativas y años de falta de información necesaria como para funcionar como agente del sistema de salud.
Peligro de la caída
Es posible que, además, se avancen con investigaciones paralelas a la auditoría que realizó la SSS. En particular, miran con mucha atención el otorgamiento de una ayuda financiera recibida en octubre del año pasado de $ 3.350 millones que debía subsanar deudas contraídas por la obra social.
Los interventores acusan que desde entonces hasta marzo de este año la obra social incrementó un 63% sus deudas, pasando de $ 27.000 millones a $ 44.000 millones. A esto se le debe sumar más de $ 1000 millones de deudas con hospitales y clínicas.
A la complicada situación de liquidez se le suman los problemas de administración de Osprera. «Nunca presentó un informe, ni memorias ni balances en más de un año», afirman en la SSS. También se consignó que de los prestadores que figuraban que trabajaban con la obra social, un 90% dijo que no ya no tenían convenio.
Con esta situación como base, la OOSS corre riesgo de que el interventor pueda considerarla como «inviable» (desde el punto de vista económico, prestacional, financiero y patrimonial), activándose el mecanismo de liquidación. «En ese caso, los afiliados se redistribuirían entre otras obras sociales», afirman fuentes gubernamentales.
Fuente: El Cronista
